Oficina Virtual de Atención al Ciudadano

El 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El artículo 14.2 de esta Ley establece que, a partir del 2 de octubre de 2016, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite administrativo, incluida la recepción de las notificaciones, al menos los siguientes sujetos:

- Las personas jurídicas.

- Las entidades sin personalidad jurídica.

- Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

- Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

- Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

 

Para facilitar al ciudadano el cumplimiento de esta Ley y facilitar una adaptación progresiva a los preceptos establecidos por la misma, el Ayuntamiento de Alboraya decidió aceptar, durante un periodo de transición, la tramitación presencial a los citados sujetos del artículo 14.2.

Habiendo transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley, los sujetos a que se refiere el artículo 14.2 deberán relacionarse con este Ayuntamiento por medios electrónicos para la realización de cualquier trámite administrativo. Los canales electrónicos disponibles para ello son:

- La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alboraya: https://sede.alboraya.es/

- El Registro Electrónico Común: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html

Todo ello sin perjuicio de los supuestos en que resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización, como por ejemplo, en estos momentos, la documentación presentada por los licitadores en procedimientos de contratación pública.